Argentina es un paciente en terapia. Cerró 2019 con 53 % de inflación, 10 % de desempleo y una caída del 2 % de la producción. Además, 40 % de la población es pobre, el stock de deuda pública supera el 90 % del PBI y para pagar los vencimientos de capital e intereses de este año habría que utilizar casi todas las reservas del Central. Si esos números no significan mucho para usted, no se preocupe, solo imagine que la fiebre es muy alta y el peso, muy bajo, y que el sistema inmunológico está débil. Para que el paciente vuelva a caminar se necesita un tratamiento integral, que ataque uno por uno los síntomas y no posea contraindicaciones capaces de agravar las dolencias existentes. Administrar en el momento correcto las dosis correctas es el desafío al que se enfrenta el doctor Martín Guzmán y de su éxito depende que Argentina pueda pararse y empezar a crecer. Las medicinas elegidas por el equipo económico son consistencia, previsibilidad y redistribución. Analicemos que dice la letra chica del prospecto.

Consistencia

El principal problema que tiene Argentina es la inconsistencia entre los planes de los agentes. Como sociedad no logramos un acuerdo mutuo sobre lo que queremos hacer y tornamos incompatibles los proyectos de las partes. Esto, en la metáfora del paciente, equivale a una falta de coordinación entre los pies que provoca caídas cada dos pasos.

Esta inconsistencia se produce a muchos niveles: el Estado gastando más de lo que puede recaudar, los bonistas prestan dinero a tasas imposibles de recuperar, la Argentina importa más de lo que puede exportar, los ahorristas compran dólares que no se transforman en inversión local, los sindicatos reclaman ajustes salariales que las empresas no pueden pagar y las empresas cobran precios que los consumidores no pueden afrontar. Recuperar la consistencia requiere, entre otras cosas, que el Estado se comprometa a regular su déficit a mediano plazo, de manera tal pueda cumplir sus funciones sociales sin dejar de enfrentar los pagos de deuda.

La deuda contraída es hoy imposible de pagar, por lo que establecer un sendero de déficit público sostenible implica necesariamente una restructuración de los compromisos adquiridos con los acreedores. Aún no conocemos el resultado de esta negociación, pero probablemente la restructuración implique una reducción en el capital adeudado y una ampliación de los plazos de pago.

Es posible argumentar que existen dos alternativas a la restructuración de deuda capaces de achicar el déficit público: aumentar los impuestos o disminuir el gasto del gobierno. Esa medicina, sin embargo, está contraindicada en pacientes con recesión económica y desempleo, porque achicar el gasto público implicaría quitar dinero de la economía, lo que produciría mayor recesión y aumentaría la carga de la deuda. Sería la semilla de una estrategia “no sostenible”, porque la carga de los intereses podría llevar otra vez al déficit fiscal. Ejemplo de esto es lo que pasó en Grecia cuando siguió el plan de austeridad fiscal impuesto por sus acreedores. Y esto también es lo que la experiencia económica reciente nos enseña.

Previsibilidad

La incertidumbre sobre lo que pasará es uno de los principales motivos por los que se producen estas inconsistencias entre los planes de las personas. Altos niveles de incertidumbre implican que los inversores retiren su dinero, tal como ha pasado en Argentina desde diciembre de 2017. Al mismo tiempo esto produce movimientos especulativos y salida de capitales, lo que agrava aún más la caída en la producción, el desempleo y la pobreza. Un plan de déficit fiscal y deuda consistente en el mediano y largo plazo es fundamental para tener previsibilidad, pero también necesitamos una trayectoria de precios estable y, sobre todo, una idea clara de cuál será la demanda futura que permita coordinar los planes de inversión y consumo. Para tener una trayectoria de precios estable, el Gobierno decidió apuntalar expectativas con un dólar estable, precios cuidados, control de tarifas y acuerdos salariales. Para apuntalar expectativas en cuanto a demanda futura, implementó una medicina redistributiva.

Redistribución

El “plan de los $ 100.000 millones” trae aumentos a jubilados y empleados estatales con la mínima y a beneficiarios de planes sociales. Incluye la distribución de un millón de tarjetas Alimentar e incentivos a la pequeña obra pública, intensiva en mano de obra. Tiene la doble función de redistribuir el ingreso hacia los sectores más carenciados y de estimular la demanda para reactivar el mercado interno. Como este segmento de la población no posee capacidad de ahorro, casi todo lo que reciba será volcado al consumo. El Gobierno espera esto tenga un efecto multiplicador en la economía, con especial énfasis en las pymes.

La decisión de mantener y redirigir el gasto es una clara señal que puede servir para afianzar las expectativas de una demanda estable que estimule la inversión y reduzca la incertidumbre. Pero estos objetivos múltiples implican contradicciones entre sí, lo que amenaza el éxito del plan.

Amenazas y perspectivas

Guzmán propone que “para poder pagar, Argentina tiene que crecer, y que para poder crecer se tiene que quitar de encima el peso de la deuda”. Más allá de la coherencia de su razonamiento, esto requiere un compromiso de pago creíble y atractivo por parte de Argentina y un consenso de la mayoría de sus acreedores para aceptar pérdidas nominales.

El principal acreedor multilateral es el FMI, con el cual no hay posibilidades de quita de capital en la restructuración de la deuda, según ha declarado su directora. Además, alrededor de 40 % de la deuda está en bonos emitidos bajo ley extranjera. Esto implica que para poder reestructurar sin entrar en default, es necesario hacer una oferta que seduzca al menos al 75 % de los tenedores de bonos.

Los otros puntos de gran riesgo son la inflación y la salida de capitales. La estrategia de estimular la demanda entra en contradicción con el objetivo de reducir la inflación. Un aumento del gasto público, si es percibido como transitorio por las empresas, no conllevará inversiones y solo producirá inflación y una posterior corrida al dólar, y anulará rapidamente la medicina de redistribución. Los controles cambiarios, de precios y de tarifas pueden ayudar momentáneamente, pero son recursos que no pueden extenderse en el tiempo y que deberán atenderse de forma inmediata una vez alcanzada la sostenibilidad de la deuda.

La velocidad en la administración de la medicina será determinante en el éxito o fracaso del programa. Una negociación demasiado extendida con los acreedores implicará que no haya previsibilidad y que la incertidumbre anule cualquier posibilidad de inversión y reactivación económica. También implicaría presiones inflacionarias y cambiarias, lo que le quitaría poder de negociación al Gobierno y minaría la consistencia del plan.

Por el bien de todos los argentinos, y en especial ese 40% que actualmente no puede cubrir sus necesidades básicas, esperemos que haya mesura y entendimiento en ambos lados de la mesa de negociación.